Por Redacción
El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Augusto Morales, aseguró que imponer condiciones, bloquear o desconocer acuerdos y rechazar el diálogo y el debate, en la integración de las leyes secundarias de la Reforma Político-Electoral, son actitudes irresponsables que advierten fallas para la elección de 2015.
“El margen para trabajar en la conformación del nuevo marco jurídico es escaso, se está condenando a sacar la legislación reglamentaria de la Reforma Política de manera apresurada y ello, sin duda, provocará omisiones y errores que repercutirán en las elecciones del 2015. Cualquier error legislativo tendrá un impacto en la organización de los comicios venideros», aseveró.
Al retirarse de la mesa de negociaciones, agregó, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) se olvida que el tiempo es poco para que el Instituto Nacional Electoral logre sacar adelante los procesos del próximo año en 17 entidades federativas, nueve de ellos para renovar la gubernatura, además de la renovación de la Cámara de Diputados.
“Cada día que pase y que el INE y los órganos electorales locales no tengan la legislación secundaria, es uno menos para el diseño de la implementación de la reforma en las elecciones de 2015, locales y federales. Entre más se tarde la legislación, mayor será el margen de los problemas”, advirtió.
Morales López dijo que si la intención del PRI es jugar con las mismas reglas en la próxima contienda, no sólo está poniendo en riesgo su organización y anticipando conflictos, sino frenando el avance democrático del país.
La pronta definición del marco normativo de las próximas elecciones, dijo, es indispensable no sólo para el funcionamiento del INE, el cual contará con otras atribuciones y facultades, sino para asegurar que las nuevas reglas sean acordes con los tiempos establecidos en el calendario electoral.
Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, recordó, el PRD impulsa propuestas para crear las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Asociaciones Políticas, de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Delitos Electorales y Propaganda Gubernamental.
Dentro de éstas se define en qué casos el Instituto Nacional Electoral podrá atraer una elección local, por ejemplo, cuando el órgano electoral de la entidad así lo solicite, se encuentre incompleto o esté en riesgo la equidad de la contienda; además, las reglas internas mínimas que deberán seguir los partidos políticos, entre ellos, renovar periódicamente su dirigencia a más tardar cada seis años y los procedimientos para que partidos, candidatos o ciudadanos impugnen resoluciones de los institutos electorales o incluso los resultados de comicios.
También, la anulación de una elección cuando el aspirante rebase el tope de gastos de campaña, adquiera tiempo en medios electrónicos o utilice recursos de procedencia ilícita, pero también cuando haya intervención del gobierno, se utilicen las encuestas como propaganda, haya apoyo de sindicatos a candidatos o partidos respalden a aspirantes independientes.
Definir 35 tipos de conductas ilícitas que pueden ser catalogadas como delitos electorales y que las penas para sancionarlos vayan de los seis meses a los tres años de prisión, también forma parte de la propuesta del PRD.
