Por InformativoMX
La Red por la Rendición de Cuentas (RRC) que la Comisión Nacional Anticorrupción propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto puede convertirse en pieza clave para la definición de un sistema nacional de responsabilidades, siempre y cuando se le incorporen algunos cambios propuestos desde el ámbito académico y por la sociedad civil.
La corrupción cuesta mucho social y económicamente y lastima profundamente a la sociedad. De acuerdo con la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción hecho por Transparencia Internacional, México se encuentra entre los países con mayor corrupción al considerar el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno como parte de sus prácticas cotidianas. También, según la revisión de la Cuenta Pública 2012 presentada por la ASF, se encuentran en proceso de ser presentadas 147 denuncias penales para reintegrar al erario más de 56 mil millones de pesos.
En ese sentido, la iniciativa que crea una Comisión Nacional Anticorrupción, hecha por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Senado en diciembre pasado, ha generado una alta expectativa. Para la Red por la Rendición de Cuentas, los términos en los que está planteada, no soluciona el problema de fondo. El dictamen que ahora deberá de ser votado en la Cámara de diputados, plantea el castigo a los corruptos, evitando la posibilidad de crear un sistema nacional de responsabilidades a partir del cual se puedan prevenir y corregir los actos que generan corrupción.
La Red por la Rendición de Cuentas, conformada por 77 instituciones públicas, instituciones académicas y organizaciones sociales puso sobre la mesa una propuesta a partir de la cual se insta a los diputados a generar los cambios constitucionales que permitan una visión sistémica del combate a la corrupción.
De acuerdo con el diagnóstico de los especialistas en Derecho, José Roldán Xopa, Ana Elena Fierro, Leticia Bonifaz del CIDE y Miguel Pulido de FUNDAR, que participaron en el desarrollo de la propuesta, señalaron que un régimen de responsabilidades necesario para México debiera: •Formar parte de un sistema de rendición de cuentas.
•Reprimir las conductas ilícitas pero también atender la prevención y corrección de las fallas sistémicas de la función pública.
•Resolver los conflictos entre las lógicas derivadas de la fragmentación de los sistemas que recaen sobre la función pública.
•Evitar la presencia de “fugas” a la eficacia en el combate de actividades ilícitas que dañan a la hacienda y el patrimonio públicos.
•Desarrollarse en el marco de seguridad jurídica, objetividad y debido proceso para los servidores públicos y salvaguarda de los principios de eficiencia, eficacia, honradez, economía, transparencia y rendición de cuentas en la función pública.
•Definir con claridad qué son los actos de corrupción, pues actualmente no existe la definición jurídica.
Así, la propuesta de la Red por la Rendición de Cuentas considera que: •El órgano anticorrupción además de tener la facultad para instrumentar procedimientos administrativos de responsabilidad personal, deberá estar en posibilidad de establecer procedimientos de responsabilidad institucional propicios para analizar los fallos institucionales y producir medidas correctivas, así como un sistema de precedentes de sus resoluciones, recomendaciones y medidas correctivas que brinden certeza incluso a los mismos servidores públicos.
•Por lo anterior, las decisiones emitidas por el órgano anticorrupción deberán ser vinculantes.
•Las funciones preventivas, sancionadoras, y correctivas del órgano hacen necesario que se trate de órgano colegiado y no unipersonal; sus funciones requieren el concurso de saberes y capacidades (jurídicos, presupuestales, de procedimientos, y de política pública), se propone que su designación sea similar a la del IFAI, a través del Senado de la República.
•El conocimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitoria será por el mismo órgano anticorrupción es decir, cuando la conducta indebida cause daños a los bienes o a la hacienda públicos. Lo anterior, permitiría tener criterios comunes sobre conductas ilícitas, tener coherencia con las sanciones económicas.
•Para garantizar objetividad y profesionalismo, debe garantizarse que los auditores internos o titulares de los órganos internos de control, procedan de un servicio profesional de carrera.
•La responsabilidad penal recaería en la Fiscalía General de la República a través del órgano de acusación y de los tribunales como instancias de sentencia y de control de legalidad, pero con la participación y vinculación del órgano anticorrupción.
•Para que no sea un órgano decorativo, en las acciones u omisiones que ameriten cárcel, el órgano anticorrupción deberá estar facultado para impugnar las decisiones de la fiscalía sobre el no ejercicio de la acción penal. Este medio de impugnación tiene la finalidad de remediar la desprotección de aquello que es de todos y que da la apariencia de que la corrupción es un delito sin víctima.
•Se abre la posibilidad de que los ciudadanos puedan iniciar investigaciones.
•El órgano también debe tener la posibilidad de revisar extraordinariamente irregularidades de los órganos anticorrupción de las entidades federativas.
La Red pone a debate estas propuestas que atienden la exigencia de una política pública de rendición de cuentas tan necesaria para México.
Fuente RRC
