Por InformativoMX
El Poder Judicial de la Federación confirma que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ampara a la Tribu Yaqui en el caso de la construcción del Acueducto Independencia en Sonora, no está cumplida.
El 8 de mayo de 2013, la Suprema Corte otorgó un amparo a favor de la Tribu Yaqui señalando que sus derechos a la información, consulta y participación habían sido violados durante la construcción del Acueducto Independencia, por lo que tendría que llevarse a cabo dicha consulta de acuerdo a sus usos y costumbres, y suspenderse la obra en caso de que exista daño reconocido en contra de la Tribu.
Posteriormente, el 7 de agosto de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte aclaró la sentencia señalando expresamente que «el Director General de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) debe dejar insubsistente la resolución en materia de Impacto Ambiental emitida el 23 de febrero de 2011» en tanto se desahoga la consulta a la comunidad Yaqui.
Sin embargo, el gobierno federal, a través de la Semarnat ha sido omisa en dar a la Tribu la información completa que responda a los 28 puntos específicos que ésta ha solicitado a fin de poder contar con todos los datos que le permitan realizar la consulta, libre e informada a todos sus integrantes y tampoco han realizado las diligencias necesarias para determinar sí existe o no una afectación a los derechos de la Tribu.
Por ello, el 12 de marzo el juez decide enviar la sentencia al Tribunal Colegiado, quien inicia un incidente de inejecución. Cabe señalar a este respecto que si la Semarnat continúa sin cumplir el fallo de la Suprema Corte, el Tribunal puede regresar la sentencia a la Suprema Corte pero agregando un borrador de inhabilitación y responsabilidades en contra de los servidores públicos que se encuentran en desacato.
Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, hizo nuevamente un urgente llamado a la Semarnat «para que nos entregue la información que hemos solicitado, de forma expedita, transparente y completa, a fin de que podamos llevar a cabo nuestra consulta contando con todos los elementos que nos permitan tomar una decisión y dar o no nuestro consentimiento. Asimismo, insistimos en que la Profepa debe cancelar la operación del Acueducto pues está más que probado el daño que está ocasionando a nuestra comunidad, por la extracción del agua que es esencial para nuestra sobrevivencia.
