♦ De 2010 a la fecha se han registrado 97 muertes de trabajadores del sector periodístico
Por. Angélica Martínez
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar la libertad de expresión en México.
El organismo detalló que con base a los registros, en el periodo de 2010 a la fecha se tiene conocimiento de 97 muertes de periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados presuntamente en razón de su trabajo.
Así mismo, indicó que en los registros de la CNDH durante el mismo periodo se han abierto 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación.
En tanto que de 2005 a la fecha, reportó que se ha documentado la desaparición de 22 comunicadores, y desde 2006 se registran 42 atentados a instalaciones informativas.
Por lo anterior, la CNDH refiere lo siguiente:
- El Estado es el primer obligado a constituirse en garante de la libertad de expresión, ya que las instituciones deben asumir su responsabilidad esencial para dar vigencia a la democracia en nuestro país”.
- La profesión periodística es, por definición, una actividad pública. En este carácter encuentra precisamente su razón de ser. Su función esencial de investigar y difundir los hechos de interés colectivo, así como de opinar libremente sobre ellos, permite a la sociedad estar en mejores condiciones para decidir su destino. Es aquí donde convergen los ejercicios a los derechos de expresión y de información”.
- Es mediante el ejercicio de la libertad de expresión, que los periodistas y los medios de comunicación son aliados naturales de la ciudadanía para vigilar al poder y oponerse a los abusos de la autoridad”.
- Los profesionales del periodismo requieren de garantías que hagan posible su trabajo en un entorno libre de amenazas y de violencia, condiciones que vulneran sus derechos y que terminan por dañar a la sociedad entera, al restringirle la oportuna y permanente circulación de noticias y opiniones. Se limita entonces a la sociedad su derecho a estar informada”.
- El Estado, por tanto, tiene la obligación de investigar efectivamente los hechos acerca de las desapariciones, los homicidios y demás actos violatorios contra periodistas, así como investigar, detener y sancionar a quienes los llevan a cabo”.
