Por. Elizabeth F. Tapia
La COPARMEX de la Ciudad de México CDMX calificó como acertado que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública (CCNNSP), haya determinado aplazar hasta septiembre la cancelación de 34 Normas Oficiales en materia de salud.
Mediante un comunicado, el organismo empresarial expresó que comparten la decisión a fin de que se abra un periodo de análisis y reflexión donde expertos en la materia expresen sus opiniones y se pueda revertir la anulación de las normas.
“Las NOM canceladas en el Suplemento al Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad publicado el 1 de junio de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, carecían de justificación o motivación pública, y se relacionan con enfermedades de alta prevalencia en México, además de que determinan los estándares de atención y calidad para ellas, desde medidas preventivas para combatirlas hasta dar certeza sobre los derechos y obligaciones de los establecimientos que prestan servicios, no sólo en el sector público sino también en el sector privado”, se lee en el comunicado.
Asimismo, se detalla que de las 34 normas, las más destacadas por su impacto en la salud de los mexicanos están la NOM-015-SSA2-2010, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus; la NOM-030-SSA2-2009, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica; la NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de cuello uterino; y, la NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.
“Los empresarios socios de la COPARMEX CDMX consideramos que no es este ni ningún otro el momento para retirar estas normas que permiten garantizar y vigilar los estándares de calidad regulatoria que brindan seguridad jurídica a los pacientes, al mismo tiempo que protegen a la población y a los usuarios de tales servicios y productos”, se afirma.
Además, de indicar que la cancelación de dichas normas privaría a la población en general de la posibilidad de ejercer su derecho constitucional de recibir una atención médica de calidad en el caso de enfermos tipificados dentro de las normas señaladas, quienes quedarían en la indefensión para exigir a la autoridad sanitaria cumplir sus obligaciones, con el riesgo de un desastre sanitario.
